Un pueblo sin cobertura móvil no tiene futuro

 Resulta difícil entender que, en pleno siglo XXI, cuando la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa y hablamos de inteligencia artificial, comunicaciones globales y ciudades inteligentes, todavía existan pueblos donde levantar el teléfono móvil para hacer una llamada se haya convertido en una auténtica aventura. Y, sin embargo, esta es la realidad que vivimos en Arrabalde.

Varios vecinos me trasladan su desesperación porque en buena parte del pueblo no tienen cobertura móvil suficiente para llamar, recibir llamadas o enviar mensajes. Algunos dependen de la conexión wifi de sus domicilios para comunicarse, pero basta con salir a la calle para quedarse prácticamente incomunicados. Y quienes vienen de visita, pasan unos días en su segunda residencia o se acercan a disfrutar de nuestro entorno natural ni siquiera cuentan con esa posibilidad. Un pueblo donde no puedes comunicarte con normalidad es un pueblo que vive en desventaja. Y, en determinadas circunstancias, esa carencia puede convertirse en un problema de seguridad o incluso en un desastre.

Pensemos, por ejemplo, en las personas mayores que viven solas, en quienes salen a pasear por los caminos o en cualquier vecino que sufra una caída, un accidente o una urgencia médica. ¿Cómo pedir ayuda si el teléfono no tiene señal? ¿Cómo pueden localizarnos nuestros familiares cuando necesitan saber si estamos bien? ¿Qué tranquilidad podemos tener cuando sabemos que, ante una emergencia, quizá no podamos realizar una simple llamada?

No estamos hablando de comodidades ni de caprichos tecnológicos. Estamos hablando de seguridad, de comunicación y de calidad de vida. Y los problemas no terminan ahí. La falta de cobertura también perjudica a los negocios, dificulta las gestiones cotidianas y genera situaciones tan absurdas como no poder utilizar un datáfono con garantías. Como me comentaba el responsable de un establecimiento público, una operación que se interrumpe por falta de señal puede dejar al cliente y al comerciante sin saber siquiera si el pago se ha realizado correctamente.

Yo mismo he sufrido las consecuencias de esta deficiencia. Esta Semana Santa tenía que recibir tres paquetes que terminaron siendo devueltos porque los mensajeros no consiguieron localizarme por teléfono, a pesar de haber llegado al pueblo. Una situación que puede parecer anecdótica, pero que refleja hasta qué punto una carencia de este tipo condiciona nuestra vida cotidiana.

Para algunos, quizá sean inconvenientes menores. Para quienes los padecemos, son la demostración de que hay lugares donde los avances tecnológicos no llegan con la misma facilidad que a otros. Y aquí surge una contradicción difícil de explicar. Se nos habla continuamente de combatir la despoblación, de atraer visitantes, de fomentar el turismo rural y de facilitar que las personas puedan establecerse en los pueblos. Pero ¿cómo vamos a conseguirlo si ni siquiera garantizamos unas comunicaciones móviles dignas?

Podemos tener paisajes maravillosos, caminos para recorrer, patrimonio histórico, tranquilidad y unas tradiciones que merecen conservarse. Podemos rehabilitar viviendas y promocionar nuestras fiestas. Pero, si quien nos visita no puede utilizar su teléfono con normalidad, si un trabajador no puede comunicarse desde su casa o si una familia no tiene la tranquilidad de saber que podrá contactar con sus mayores, estaremos poniendo obstáculos al futuro que decimos querer construir. La despoblación no se combate únicamente con discursos, subvenciones o buenas intenciones. También se combate garantizando los servicios básicos que permiten vivir dignamente en el medio rural. Y hoy las telecomunicaciones son uno de ellos.

Es cierto que las compañías telefónicas deben valorar la rentabilidad de sus inversiones, especialmente en territorios con pocos habitantes. Pero el derecho a unas comunicaciones adecuadas no puede depender exclusivamente de que instalar una antena resulte un buen negocio. Cuando el mercado no ofrece una solución, corresponde a las administraciones públicas impulsar las medidas necesarias para que ningún ciudadano quede condenado a la incomunicación por vivir en un municipio pequeño.

Me consta que los responsables municipales conocen estas deficiencias y que se están realizando gestiones para intentar solucionarlas. Pero los ayuntamientos pequeños tienen recursos y competencias limitados. Necesitan el respaldo de las administraciones autonómicas y del Gobierno central, así como la implicación efectiva de los operadores de telecomunicaciones.

Lo que no podemos aceptar es que unos responsabilicen a otros mientras los vecinos siguen esperando. Porque, al final, cuando nadie resuelve el problema, quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos: los habitantes de los pueblos. Se nos ofrecen cifras generales que hablan de elevados porcentajes de cobertura móvil y de acceso a internet en España. Pero las estadísticas nacionales no sirven de consuelo cuando uno tiene que alejarse 300 metros de su propia vivienda para encontrar una señal que le permita comunicarse con garantías.

Los promedios pueden quedar muy bien sobre el papel, pero no reflejan necesariamente la realidad de cada municipio. Y es precisamente ahí donde las administraciones deben mirar: no solo en los porcentajes globales, sino también en los lugares concretos donde la cobertura sigue siendo insuficiente. Porque la España rural no necesita que le expliquen lo avanzada que está la tecnología. Necesita que esa tecnología llegue hasta sus calles, sus viviendas y sus caminos.

No podemos resignarnos a que nuestros pueblos sean lugares estupendos para pasar unos días, pero deficientes para vivir durante todo el año. Tampoco podemos pedir a los jóvenes que regresen, a las familias que se instalen o a los emprendedores que abran negocios mientras mantenemos unas infraestructuras de comunicación que parecen pertenecer a otra época.

Arrabalde no pide privilegios. Pide algo tan razonable como disponer de una cobertura móvil que permita llamar, recibir llamadas, utilizar los servicios digitales y vivir con la tranquilidad de saber que, si surge una necesidad, podremos comunicarnos. Por eso, esta reivindicación debe dejar de ser una queja entre vecinos para convertirse en una demanda colectiva. Es necesario que las administraciones competentes y las compañías telefónicas se sienten, estudien la situación real y establezcan un calendario de actuaciones que permita solucionar definitivamente el problema.

No mañana, ni dentro de cinco años. Ahora. Porque cada año que pasa sin resolver estas carencias es un año más de desventaja para nuestros pueblos. Y bastante difícil resulta ya mantener vivos unos municipios que pierden población, envejecen y ven desaparecer servicios esenciales. Un pueblo sin cobertura móvil no solo está incomunicado: corre el riesgo de quedarse al margen del presente y sin herramientas para construir su futuro. Y después no nos preguntemos por qué se vacían los pueblos. Preguntémonos, más bien, cómo esperamos que tengan futuro si ni siquiera podemos garantizar a sus vecinos algo tan elemental como poder comunicarse a través del móvil con sus seres queridos o dar solución a una emergencia imprevista.