¿Qué está ocurriendo en Ceuta?

Lo ocurrido en Ceuta no puede despacharse como una simple avalancha migratoria. Cuando decenas de miles de personas llegan de forma irregular a una frontera europea, existe una dimensión política, estratégica y de seguridad que obliga al Gobierno de España a dar explicaciones.

Diversas fuentes han sostenido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pudo disponer de información previa sobre el riesgo de una entrada masiva y que, pese a ello, no habría adoptado las medidas necesarias para impedirla. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una cuestión de una gravedad extraordinaria: no solamente por lo ocurrido, sino por la posible existencia de una preocupante dejación de responsabilidades. Y aquí aparece la pregunta que nadie debería considerar ilegítima: ¿qué sabía el Gobierno y cuándo lo sabía? ¿ Esta esperando Sánchez en el 2027 otra avalancha de inmigrantes para declarar el Estado de Sitio permanente y así evitar convocar elecciones? Hay quienes lo afirman rotundamente.

Todavía más inquietante sería que, después de producirse una entrada masiva, la respuesta del Estado consistiera fundamentalmente en distribuir por la Península a quienes permanecieran irregularmente en Ceuta. Porque entonces podría transmitirse un mensaje perverso: que cruzar ilegalmente una frontera tiene consecuencias asumibles e incluso puede terminar facilitando la permanencia en España. Una política fronteriza no puede basarse únicamente en reaccionar cuando el problema ya se ha producido. Si una primera entrada masiva obtiene como respuesta una solución que facilita la salida de quienes han entrado irregularmente, ¿qué impedirá que mañana se intente una operación todavía mayor?

Ceuta y Melilla no son una cuestión exclusivamente migratoria. Son fronteras españolas y, por tanto, fronteras de la Unión Europea. Una presión migratoria organizada desde el exterior puede convertirse en una herramienta de guerra híbrida, destinada a generar tensión social, poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado y desestabilizar un territorio europeo. Por eso resulta preocupante cualquier actitud de tibieza, improvisación o pasividad. España tiene la obligación de proteger sus fronteras, utilizando todos los medios legales disponibles y solicitando, cuando sea necesario, el respaldo efectivo de la Unión Europea. La defensa de las fronteras no significa negar la dignidad de quienes emigran ni abandonar los principios humanitarios; significa impedir que las fronteras sean vulneradas y que la inmigración irregular pueda utilizarse como instrumento de presión política.

Pero hay una cuestión todavía más importante: si realmente existía información previa sobre lo que podía suceder, ¿por qué no se actuó con la contundencia necesaria? No afirmo que el Gobierno promoviera deliberadamente aquella entrada masiva. Una acusación de esa naturaleza exigiría pruebas. Pero precisamente por la gravedad de las sospechas, el Gobierno debería despejarlas con transparencia. ¿Qué información recibió? ¿Qué organismos advirtieron del riesgo? ¿Qué decisiones se adoptaron? ¿Por qué? ¿Quién las tomó? ¿Y qué medidas se han establecido para impedir que vuelva a suceder?

Los ciudadanos tienen derecho a conocer las respuestas. Porque si un Gobierno conoce un riesgo extraordinario para una frontera y no actúa adecuadamente, ...seguir leyendo...