El lodazal político
España atraviesa uno de esos momentos en
los que la política deja de ser servicio público para convertirse en
un espectáculo deprimente de supervivencia, cinismo y degradación
institucional. La imputación de Rodríguez Zapatero marca un antes y
un después en la democracia española. El Gobierno de Pedro Sánchez
vive cercado por escándalos, sospechas, imputaciones y una sensación
creciente de desgaste moral que ya no puede ocultarse tras discursos
grandilocuentes ni campañas de propaganda. Y, sin embargo, ahí
sigue. Aferrado al poder. Lo verdaderamente alarmante no es solo la
acumulación de casos que salpican al entorno del presidente, a
miembros de su partido o a personas cercanas a su círculo político y
personal. Lo más preocupante es la absoluta normalización de todo
ello. La resignación con la que muchos dirigentes socialistas y
socios parlamentarios aceptan lo que, en cualquier democracia
europea mínimamente exigente, habría provocado dimisiones
inmediatas, una cuestión de confianza o incluso elecciones
anticipadas.
En países con una cultura política más
sólida, la mera sospecha fundada de corrupción o tráfico de
influencias obliga a asumir responsabilidades políticas. Aquí no.
Aquí se resiste hasta el último minuto, se desacredita a jueces y
medios incómodos, se victimiza al poder y se transforma cualquier
crítica en una supuesta conspiración. Todo vale con tal de conservar
el poder. Pero el problema no se limita a Pedro Sánchez. El
verdadero retrato del deterioro democrático lo ofrece el silencio
cómplice de quienes le rodean. Ministros, diputados, asesores y
socios parlamentarios que hace años se presentaban como adalides de
la regeneración política hoy guardan silencio o aplauden
disciplinadamente por miedo a perder sus status político, social y
económico. Han sustituido la conciencia por la obediencia, la ética
por el cálculo político, la dignidad por el cargo.
Resulta difícil no percibir que muchos de
ellos han hecho de la política una forma de vida antes que una
vocación de servicio. La prioridad ya no parece ser defender
principios, sino proteger posiciones, privilegios y cuotas de poder.
Y eso es devastador para la confianza ciudadana y para la
democracia. Porque cuando la política se percibe como un negocio y
no como un compromiso, la democracia se erosiona desde dentro. Los
ciudadanos observan con hastío cómo se les exige ejemplaridad
mientras quienes gobiernan parecen inmunes a cualquier
responsabilidad. Se les pide sacrificios, respeto institucional y
civismo, mientras desde las propias instituciones se transmite el
mensaje de que todo puede justificarse si sirve para mantenerse en
el poder.
Y los
ciudadanos en un hartazgo generalizado ya no soportan mas fango,
hastiados de tanto sinvergüenza que se dan la gran vida a costa de
los impuestos que todos pagamos.
Y ese es quizá el daño más profundo: la
desmoralización colectiva. La sensación de que la verdad importa
menos que el relato, de que la ética es un estorbo y de que el poder
se ha convertido en un fin en sí mismo. España merece mucho más que
este clima irrespirable de trincheras, propaganda y degradación
política. Merece dirigentes capaces de asumir responsabilidades,
partidos con principios y representantes públicos que entiendan que
gobernar no es resistir a cualquier precio, sino actuar con
honestidad y altura democrática. Tarde o temprano, la ciudadanía
hablará en las urnas. Y cuando lo haga, muchos comprobarán que la
paciencia de un pueblo puede ser grande, pero no infinita.
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