Una campaña
electoral debería
ser, ante todo,
limpia, transparente
y decente. Los
ciudadanos tienen
derecho a escuchar
las propuestas de
los candidatos,
comparar sus
programas y decidir
libremente quién
merece su confianza.
Lo que no debería
ser admisible es que
quien ocupa el
Gobierno utilice los
mecanismos del
Estado y los
recursos públicos
para obtener una
ventaja electoral
frente a sus
adversarios.
Pedro Sánchez parece
haber decidido jugar
sus últimas bazas
electorales poniendo
sobre la mesa una
batería de medidas
dirigidas a
colectivos muy
numerosos:
trabajadores con
salarios bajos,
empleados públicos,
pensionistas,
perceptores del
Ingreso Mínimo
Vital, beneficiarios
de subsidios y
jóvenes que aspiran
a acceder a su
primera vivienda,
entre otros. No
estamos hablando de
colectivos
marginales. Estamos
hablando de millones
de ciudadanos y
familias que,
naturalmente,
necesitan mejoras en
sus condiciones de
vida y tienen todo
el derecho a
reclamarlas. El
problema no está en
que se adopten
medidas para
ayudarles. El
problema está en el
momento, la
finalidad y la
utilización política
que puede hacerse de
ellas.
¿Desde cuándo el
dinero de todos
puede convertirse en
una herramienta de
promoción electoral
del partido que
gobierna? ¿Es justo
que un presidente
disponga de toda la
maquinaria
institucional, de
los recursos
públicos y de la
capacidad de
anunciar medidas que
afectan directamente
al bolsillo de
millones de
ciudadanos mientras
sus competidores
carecen de esas
mismas
posibilidades?
Gobernar es una
responsabilidad, no
una ventaja
electoral. Los
presupuestos
públicos no son
patrimonio de ningún
partido, ni la
Administración del
Estado puede
convertirse en una
oficina de
propaganda al
servicio de quien
ocupa La Moncloa.
Si las medidas son
necesarias, deberían
haberse estudiado,
presupuestado y
aplicado atendiendo
exclusivamente al
interés general, sin
convertirlas en un
escaparate
electoral. Y si son
promesas que todavía
dependen de
decisiones futuras,
los ciudadanos
tienen derecho a
preguntarse por qué
llegan precisamente
ahora. Porque una
cosa es mejorar las
pensiones, subir los
salarios, apoyar a
los trabajadores,
proteger a las
familias vulnerables
o facilitar el
acceso de los
jóvenes a la
vivienda, y otra muy
distinta es utilizar
esos anuncios como
reclamo para
conseguir votos.
No se puede
confundir política
social con
estrategia
electoral. Tampoco
se puede pretender
que los ciudadanos
acepten sin
cuestionamientos una
sucesión de anuncios
y promesas cuando lo
que necesitan son
soluciones reales,
estables y
verificables. La
Junta Electoral
debería establecer
unas reglas mucho
más claras desde el
momento en que se
convocan unas
elecciones. Es
necesario delimitar
qué puede y qué no
puede hacer un
Gobierno en
funciones
electorales, impedir
la utilización
partidista de los
recursos
institucionales y
garantizar que todos
los candidatos
compitan en
condiciones de
igualdad. Las ayudas
públicas deben
responder a
necesidades
sociales, no a
calendarios
electorales.
La democracia no
consiste únicamente
en depositar una
papeleta en una
urna. También exige
limpieza,
transparencia,
igualdad de
oportunidades y
respeto al
ciudadano. Quien
gobierna tiene una
responsabilidad
añadida: no
confundir el poder
que le han otorgado
los ciudadanos con
una propiedad
particular que pueda
utilizar para
perpetuarse en él.
Los pensionistas no
son votos que se
puedan conquistar
con anuncios. Los
trabajadores no son
una clientela
electoral. Los
jóvenes que buscan
una vivienda no son
una cifra que añadir
a una estrategia de
campaña. Y las
personas que
dependen del IMV o
de otras ayudas
sociales merecen
respeto, no que sus
necesidades se
conviertan en
instrumentos de
propaganda. Si
Sánchez considera
que sus medidas son
buenas para España,
que las defienda,
que explique cómo se
van a financiar y
que responda por sus
resultados. Pero que
no pretenda
convertir la
capacidad de
gobernar en una
ventaja para
competir
electoralmente.
Porque cuando el
poder utiliza los
recursos de todos
para favorecer sus
propios intereses
políticos, la
frontera entre
gobernar y hacer
campaña se vuelve
peligrosamente
difusa. Y eso, como
mínimo, merece una
explicación.
La
democracia no puede
ser un juego con las
cartas marcadas.
